Hace un par de semanas, Maite Gimeno, portavoz socialista en el ayuntamiento de Castalla, y yo, nos reunimos en una charla-coloquio con Carmen Montón, diputada en las Cortes Generales, portavoz de igualdad en el Congreso y ponente en la reforma de la actual Ley del Aborto.
Pese a la negación del Partido Popular, a la cual ya nos tiene más que acostumbrados, la Ley ha salido adelante y pretende, sin duda, reivindicar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. La doctrina más conservadora, sentada en la bancada popular e instaurada en el sector religioso de la sociedad española, alega que se debe defender el derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, tal cual queda establecido en el Artículo 15 de la Constitución Española.
Por contra, la doctrina progresista ostentando en estos momentos el poder, ha facilitado que el Gobierno haya impulsado esta nueva Ley para acabar con la "inseguridad jurídica" que existe con la Ley de 1985, defendiendo siempre el derecho a la Libertad. La exposición de motivos de la nueva Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo "busca garantizar y proteger los derechos e intereses en presencia, de la mujer y de la vida prenatal".
El punto más polémico de la ley han sido el que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad de informar a los padres. Por tanto, se ha llegado a un acuerdo de que al menos, a los padres, se les comunique previamente la voluntad de abortar, exceptuando los casos en los que la jóven pueda correr algún tipo de riesgo. Ahora, con la nueva ley, se podrá abortar libremente dentro de las primeras 14 semanas de embarazo. Hasta las 22, estará permitido cuando exista riesgo para la madre o para el feto, y, a partir de las 22 semanas, se podrá abortar cuando exista un riesgo grave e incompatible con la vida de la madre o una enfermedad extremadamente grave que afecte al feto. La decisión de si se dan esos supuestos la tendrán en última instancia dos profesionales médicos diferentes, un ginecólogo o un experto en diagnóstico prenatal y un pediatra.
Como destacaba previamente, el aspecto más polémico de la nueva ley fue el no requerimiento del consentimiento paterno para llevar a cabo el aborto de las menores de 16 y 17 años. El texto inicial contemplaba que no era necesario que los padres fueran informados, pero, en este ámbito, se llevó un acuerdo con el PNV, y este requisito ha sido incorporado finalmente. No será necesario que los padres sean informados cuando la jóven alegue que pueda existir cierto peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o de situación de desarraigo o desamparo.
La Ley nace con un gran reconocimiento social y con ella, se amplia la carta de derechos de los ciudadanos, una vez más, de la mano del partido socialista.